El proyecto impulsado por el gobierno provincial fue rechazado en 2016 por las comunidades indígenas, los pequeños productores y el ámbito académico y no llegó a tratarse en la Legislatura. Luego de tres años de silencio, el gobernador adelantó que podrían hacer un segundo intento.

La Ley atrasa la concepción jurídica de la tierra y privilegia a las empresas extractivistas y terratenientes, desconociendo derechos de los pueblos originarios.

Aquello que era el secreto mejor guardado, terminó por confirmarlo el propio gobernador en una de sus últimas apariciones públicas. Cuando le preguntaron qué temas quedaban pendientes para el cierre de su gestión (asumirá su banca en el Senado el próximo 10 de diciembre) y el traspaso del mando provincial a Arabela Carreras, mencionó en primer lugar el Presupuesto 2020, el paquete fiscal para el próximo período, y deslizó: “Puede haber otro, Ley de Tierras”.

“Tuvo muchas idas y venidas”, dijo Weretilneck durante una entrevista concedida al diario Río Negro, pero “existe mucho consenso”.

Esto último no es cierto. La norma, pergeñada en 2016, no llegó a tratarse sobre tablas en la Legislatura a raíz de los duros cuestionamientos que concitó entonces, particularmente de parte de las comunidades originarias, que previeron el desmedro que sufrirían sus territorios si se aprobaba esta Ley. Organizaciones mapuches marcharon unos 800 kilómetros para concentrarse en una masiva protesta en Viedma.

Bajo “secreto de Estado” se desconoce si el texto original de la Ley que crea el nuevo Código de Tierras tuvo alguna modificación. Los legisladores que -de cumplirse lo anunciado por el gobernador- se encontrarán con el proyecto para su tratamiento en la próxima sesión, pautada para el 21 de noviembre, aún no fueron informados de su inclusión en el Orden del Día, y solo pocas horas antes recibirán las 51 páginas de un texto complejo, polémico e inconcluso, que la ciudadanía no conoce y que el gobierno se cuida celosamente de difundir.

“Alberto quiere que salga”, habría dicho uno de los principales operadores del gobernador en la Legislatura, e integrante de la Comisión de Planificación, Asuntos Económicos y Turismo “la vamos a meter así, cruda, como está”.

Esta comisión, presidida por el legislador Alfredo Martín, deberá emitir dictamen antes de que el proyecto llegue al recinto para su tratamiento. Para eso cuenta con una conformación mayoritariamente oficialista (6 de sus 11 integrantes pertenecen al partido de gobierno) que tendrá que dar un debate exprés -fue convocada para la semana del 15 de noviembre- en una sola reunión, pocos días antes de la sesión del jueves 21.

La Ley provincial de Tierras es la última prenda que el gobernador entregará a la gestión de Mauricio Macri y a sus amigos empresarios. Cobró impulso tras la visita del entonces ministro de Educación de la Nación, Estaban Bullrich, a Río Negro, precisamente en 2016, cuando el proyecto tomó forma. Pero ahora, en las postrimerías del mandato de Weretilneck, resulta a la vez un tema explosivo que Arabela Carreras no tiene deseos de heredar para su gestión.

En pocas palabras, la Ley de Tierras pone al territorio provincial a disposición de las nuevas formas de explotación de los bienes públicos naturales, la minería a gran escala, y la actividad hidrocarburífera. En su articulado, el proyecto en la práctica apunta además a terminar con el reclamo territorial de los pueblos originarios y dispone unas 5 o 6 millones de hectáreas al servicio de la megaminería y la extracción de petróleo y gas, por vías no convencionales.

Sobre este punto, Julieta Wallace, abogada e integrante de la ex comisión investigadora de tierras fiscales de la Legislatura de Río Negro, analizó que, “El proyecto del código de Tierras que conocimos en 2016, resulta regresivo en cuanto al reconocimiento de los derechos de los pequeños y medianos productores de la agricultura familiar y las comunidades indígenas. El gobernador está yendo contramano del desarrollo sustentable del cual hoy se habla
en el mundo, en tanto avanza, incluso, en la posibilidad de otorgar en usufructo tierras fiscales en áreas protegidas de nuestra provincia”.

Wallace es además coautora del libro “La tierra de los otros”, de reciente publicación por la Universidad Nacional de Río Negro. Una obra colectiva de la que participaron docentes investigadores, estudiantes y ex legisladores, en la que se aborda la dimensión territorial del genocidio indígena, y el acceso diferenciado al uso y la propiedad de tierras fiscales en la provincia.

“El proyecto que elaboró el gobierno”, señaló Julieta Wallace, “le imprime un carácter mercantilista a la tierra, alejándose de su valor socio cultural, contradiciendo el hecho de que vivimos además en una provincia intercultural”.

Una suerte de renovada “Campaña al Desierto”, calificó este medio a comienzos de 2017, cuando el tema alcanzó estado público, que reemplaza “las formas pedagógicas colonialistas” por otras “formas supuestamente progresistas”, retomando “el viejo paradigma del avance geográfico sobre el territorio”.

Intenciones del gobierno provincial que no pueden decirse abiertamente. También el 8 de septiembre de 2016, cuando el proyecto llegó por primera vez a la Legislatura, todo se hizo de manera subrepticia. Fueron precisamente las comunidades mapuches las que advirtieron la sombra de un nuevo despojo de tierras provinciales - en ellas grandes extensiones consideradas ancestrales- en beneficio de los negocios privados, ansiados por la administración Weretilneck, cuyo declive económico y financiero ya se pronunciaba.

Durante una sesión “caliente” de la Comisión de Planificación, Asuntos Económicos y Turismo, en octubre de 2016, representantes de distintas comunidades originarias de la provincia advirtieron que “lucharán” contra el Proyecto, y “con todas las armas”.

Es que la Ley, que impulsa la creación del “Código de Tierras Fiscales” y la derogación de las leyes Q N° 279, Q Nº 1452 y Nº 4905, que rigen en la temática, plantea sin medias tintas que “se pone a la tierra fiscal de la Provincia de Rio Negro a disposición de las nuevas demandas y formas de explotación y producción”.

Propone un régimen de tierras fiscales “que responda a todas las formas de producción, ampliando las posibilidades y usos de la tierra, la que podrá destinarse a la producción agrícola, pastoril, forestal, energética, minera, turística, industrial, tecnológica, mixta, u otra”. De tal modo, el modelo de coexistencia de la producción frutícola y el fracking puesto en marcha en el Alto Valle -sobre todo en la localidad de Allen-, se replicará en otros puntos de la Provincia.

Así lo reconocía el ministro de Gobierno, Luis Di Giácomo, en abril de 2016: “la actual Ley limita las actividades a agrícolas, ganaderas y forestales”, dijo, “cuando hoy tenemos la posibilidad de introducir tecnologías, el aprovechamiento turístico, la explotación minera y otras actividades con valor agregado”.

Di Giácomo anunciaba además otro aspecto inquietante y excluyente: que la norma que ahora re impulsa el gobierno sería aplicada por un organismo dependiente de su propio ministerio -la Dirección de Tierras-, a cargo de un funcionario nombrado por el Ejecutivo provincial.

“Hemos designado a otra persona que está en la planta como director, Diego Lawrie, que tiene ya una experiencia de muchos años en esto”, confirmó el ministro.

Hay en el proyecto golpes de efecto con maquillaje popular: “la tierra es para aquel que la trabaja”, ahí se afirma; pero establece a la vez una serie de condiciones que hacen imposible para pequeños productores, crianceros, habitantes de esos territorios, competir contra iniciativas que propongan nuevas formas de producción, que se suponen más propicias para el brumoso concepto de “desarrollo” de la Provincia para el cual aún, hacia el fin de la gestión Weretilneck, no se ha conocido proyecto alguno.

El texto anuncia la intención (y ya entonces reconoce la necesidad) de alcanzar “la estabilidad económica, el progresivo bienestar, libertad y dignidad del hombre, el ordenamiento metódico y racional de las ti
erras fiscales provinciales, la integración y armónico desarrollo de la Provincia, en lo económico, político y social”, una declaración ecuménica, bajo la cual impone un cambio conceptual sobre el significado de la tierra, así como un ordenamiento de nomenclatura que divide el territorio según su posibilidad de explotación.

El texto del proyecto prospera en argumentos que refieren a la obsolescencia de la normativa vigente, que no da “cobijo”, aduce, a ciertas actividades, entre ellas “la explotación minera -principalmente a través de la solicitud de reconocimiento de permisos precarios para el trabajo sobre canteras”. De tal modo la Ley de Tierras es continuidad necesaria de la aprobación de otro proyecto: el que derogó la normativa que prohibía en Río Negro la utilización de cianuro para la actividad minera. Sin aquella apertura a todas las formas de explotación minera, este nuevo proyecto no tendría razón de ser. He ahí el objetivo.

De aprobarse la nueva Ley, los condicionamientos que impone para el acceso a la tierra resultarán imposibles de cumplir para pequeños productores o crianceros que no alcancen los estándares impuestos por el Gobierno.

El acceso a las “unidades económicas de explotación” que conforma el proyecto bajo la figura de Tierra Fiscal Rural, será para quienes tengan “capacidad para contratar de acuerdo a las disposiciones del Código Civil y Comercial”.

Impone además “acreditar idoneidad para las explotaciones ofrecidas”, ya sea “probando fehacientemente haber actuado por sí y/o sus dependientes en trabajos iguales o análogos a la explotación propuesta”, o demostrando “el carácter de profesional o técnico, con título habilitante universitario terciario o de nivel medio expedido por establecimientos públicos nacionales, provinciales, o municipales o privados con la debida autorización oficial, con orientación en la explotación propuesta”. Algo que, puesto así, bien puede derivar en negocios solo para algunos pocos.

La regularización de las denominadas “tierras fiscales rurales ocupadas” ocurrirá solo y siempre y cuando, los actuales ocupantes, “cumplan con los requisitos y condiciones objetivas específicamente regladas en la presente”, dice el proyecto, que estipula para el caso un “sistema de precios” basado -sin ambages- en “parámetros subjetivos” para distinguir “al antiguo poblador del desarrollista”. Y estipula que la “formulación del valor de venta” surgirá de la “intervención interdisciplinaria tanto de órganos estatales como con participación de actores ajenos a la Administración e idóneos en la materia (es decir privados)”, sin más precisiones.

Y también bajo un manto de ambigüedades: “se rediseñarán los requisitos e inhabilitaciones de los futuros adjudicatarios de tierras fiscales, adecuando los mismos a las nuevas realidades”.

Pero es cuando el proyecto de Ley de Tierras refiere a las comunidades originarias establecidas en tierras fiscales rurales que se vuelve proscriptivo, habida cuenta de las condiciones que su articulado impone.

“Este proyecto”, resumió Julieta Wallace, “no incluye el relevamiento de las tierras que ocupan las comunidades indígenas, el cual se encuentra paralizado hace años, en clara violación a leyes provinciales y nacionales, y viola cláusulas constitucionales como la preexistencia étnica de las comunidades y la función social de la tierra”.

La Ley, que podría quedar aprobada durante la próxima sesión de la Legislatura, establece que accederán a la regularización quienes “ejerzan una tenencia pública y pacífica (…) que no afecte derechos de terceros”, y en tanto “el inmueble cuente con mensura registrada”, y sus tenedores “demuestren, mediante inspección de la autoridad de aplicación, que mantienen una racional explotación”, de “acuerdo a las características del predio”.

Es evidente que las reglas no son claras (por lo tanto son injustas), y que dejan en un pantano subjetivo criterios que debieran ser institucionales.

“No se puede avanzar en la sanción de este código sin realizar de manera participativa en toda la provincia, un ordenamiento territoria
l que analice de manera transversal los bienes y recursos públicos de la cordillera, la estepa, el mar y el valle” señaló Wallace. “Esa es la tarea que debería realizar un gobierno serio, que cuide a su gente; no imponer, entre gallos y medianoche, un código de tierras que abandona la minería a gran escala a la codicia de empresas multinacionales, únicas con la capacidad para invertir el enorme capital que demandan estos emprendimientos”.

Hugo Aranea, referente mapuche-tehuelche, miembro de la comunidad Waiwen Kurruf e histórico integrante del Consejo Asesor Indígena (CAI) explicó a este medio, cuando el proyecto se conoció en septiembre de 2016, que debe diferenciarse “qué entienden los Estados y las comunidades por tierras fiscales. La concepción de tierras fiscales fue creada para blanquear o legalizar el robo y el despojo a los pueblos originarios. El Estado que vino a invadir y dominar se atribuye la propiedad de estos territorios”.

Y agregó: “Este proyecto vuelve a desconocer todos los derechos (de los pueblos originarios) y somete a una negación al pueblo mapuche-tehuelche”, y cuestionó la intención de “ampliar las actividades productivas hacia la minería y la explotación hidrocarburífera”.

Ante la posición irreductible de las comunidades mapuche-tehuelches, el gobernador ordenó frenar la embestida, y el proyecto de Ley de Tierras durmió durante tres años en un cajón. En ese momento, el legislador oficialista Alfredo Martín (Juntos Somos Río Negro) enunció una nueva estrategia, ambigua, con algunas tonalidades democráticas: vamos a “salir a recorrer toda la Provincia”, dijo, para debatir los términos del proyecto con las comunidades. Algo que nunca hizo.

Y ahora, sin tiempo para más, “Alberto quiere que salga”. Y entonces “cruda como está”, y sin aviso previo entre otros a las comunidades originarias ni a los pequeños productores que debieran ser incluidos en el debate, puede que -dijo el gobernador- la Ley de Tierras obtenga dictamen de comisión, y resulte aprobada por mayoría en la próxima sesión parlamentaria.-

 

FUENTE: EN ESTOS DÍAS